EL JUICIO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

 Al abrir un periódico o redes sociales se suele encontrar un remitido pagado firmado por un estudio jurídico lleno de citas legales y tecnicismos. El texto está escrito para un juez, pero aparece en un medio masivo. Casi nadie lo lee completo, menos aún lo comprende. Y eso que muchos abogados confunden con rigor, suele convertirse en una derrota silenciosa.

La comunicación estratégica durante un litigio no consiste en publicar alegatos, consiste en traducirlo. Un proceso que compromete la reputación de una empresa o de una persona no se desarrolla solo en los tribunales, sino también en los titulares, en WhatsApp y en las redes sociales. Allí no deciden jueces ni fiscales, sino ciudadanos, clientes, proveedores, inversionistas y colaboradores que en segundos emiten su propio veredicto mucho antes de que exista una sentencia. Ese juicio paralelo puede destruir contratos, cerrar líneas de crédito y erosionar confianza construida durante años.

La opinión publica condena o absuelve con la información disponible. Si esta es controlada exclusivamente por la contraparte, el resultado está condicionado desde el inicio. Durante años existió un acuerdo tácito en los litigios de alta exposición: la batalla principal se libraba en los tribunales y la comunicación pública cumplía una función complementaria. Ese equilibrio desapareció.

Hoy, actores sin escrúpulos utilizan campañas de desinformación, troles, filtraciones interesadas y titulares diseñados para instalar una condena anticipada en el imaginario colectivo. La guerra reputacional ya no acompaña al proceso legal, lo precede, lo condiciona y, en entornos institucionales débiles influye sobre él. En ese escenario, responder únicamente con argumentos jurídicos es como llevar un diccionario a una pelea callejera.

¿Qué debe hacer un empresario cuando el litigio se vuelve mediático? 

1.Conformar un equipo de comunicación que trabaje junto al equipo legal. Los abogados defienden posiciones jurídicas; los comunicadores defienden confianza y legitimidad. Funciones distintas, pero inseparables.

2. Tomar control del relato antes de que otros lo hagan. El primer comunicado no debe ser una reacción improvisada, sino una explicación clara, en lenguaje común, que permita comprender los hechos y las acusaciones.

3. Hablar para las personas y no para el expediente. Un comunicado eficaz responde tres preguntas básicas: qué pasó, qué está haciendo la organización y por qué merece credibilidad. Si no puede hacerlo con claridad no convencerá.

4. Monitorear y enfrentar la desinformación con disciplina. Ignorar ataques coordinados no es prudencia. Es abandonar el terreno donde se forma la percepción pública. No se trata de responder todo, sino aquello que realmente importa.

5.  Proteger de manera proactiva a los stakeholders. Clientes, socios, entidades financieras y colaboradores no deberían enterarse por terceros de una situación que puede afectar su relación con la organización.

En esta era de polarización digital, una absolución ya no garantiza la rehabilitación reputacional. Si durante meses o años se sembró la sospecha, troles, activistas o adversarios estarán listos para afirmar que el fallo es incorrecto. Por ello hay que evitar que esa narrativa eche raíces.

La comunicación estratégica no reemplaza a la justicia, crea las condiciones para que una decisión judicial pueda ser entendida y aceptada por la sociedad. La batalla reputacional no concluye cuando habla el juez. Concluye cuando la opinión pública considera creíble su decisión. Quien enfrenta un litigio sin una estrategia de comunicación está apostando a que la verdad se impondrá por sí sola. Y esa no siempre es una apuesta ganadora.

(Publicado previamente en Expreso)

Presidente Ejecutivo Alterno y Gerente General de OI Comunicaciones, asociada a Fleishman-Hillard.Director Ejecutivo del ITSU. Instituto Tecnológico Superior Urdesa